Las organizaciones destacan "el creciente deterioro en las condiciones de vida de gran parte de la población".

Las ONG apuntan recomendaciones concretas orientadas a superar la actual situación de crisis respetando estos compromisos.

El Comité DESC, integrado por 19 expertos independientes, está evaluando a España para ver si cumple con los compromisos adquiridos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, ratificado por el Estado español en 1977. En su examen, el organismo analizará el informe de rendición de cuentas remitido por el Gobierno y estos dos alternativos presentados por las ONG, uno elaborado por Amnistía Internacional y el otro consensuado por una coalición de 19 organizaciones, como la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Coordinadora de ONG de desarrollo y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales.

Las organizaciones destacan el deterioro en las condiciones de vida de la población"

El informe elaborado por la coalición de ONG denuncia que el Estado español no está protegiendo los derechos sociales. Según el documento, las medidas de austeridad fiscal "no solo se limitan a la reducción de inversión social hasta extremos que afectan el contenido esencial de los derechos reconocidos en el pacto internacional, sino que para ajustarse al reducido margen presupuestario modifican y derogan garantías legales de los derechos sociales".

Las organizaciones destacan "el creciente deterioro en las condiciones de vida de gran parte de la población y las importantes repercusiones que tendrán en el disfrute de los derechos humanos", la "elevada tasa de pobreza infantil" o "el enorme porcentaje de desempleo juvenil, de casi el 50%". Además, recuerdan el compromiso internacional de los estados de evitar los desalojos forzosos y, "en caso de que sea ineludible, la obligación de los poderes públicos de garantizar un realojo adecuado".

En el mismo sentido se pronuncia Amnistía Internacional en su informe, en el que, además, "ve con preocupación" los recortes en la sanidad pública, que, subraya, pueden "agravar la situación y menoscabar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de la salud". Así, recomienda al Ejecutivo que evalúe de forma "transparente" los efectos de los recortes en el disfrute del derecho a la salud, al tiempo que le pide que garantice que la Ley General de la Salud Pública se aplica "plenamente" en todas las comunidades autónomas.

Respecto a la violencia machista, la organización asegura que desde que comenzó la crisis económica, y especialmente en 2011, "determinadas" comunidades autónomas han limitado "considerablemente" la financiación de los centros de mujer, los centros de urgencia residenciales y los refugios.

Por ello, insta al Gobierno a que las leyes que protegen a las víctimas se apliquen "plenamente" y que la crisis económica no menoscabe ni esa garantía ni la disponibilidad de alojamiento seguro, rehabilitación y otros servicios vitales.