Entre las medidas que propone destaca la
constitución de una Ley del Tercer Sector de Acción Social, ya que el
marco regulatorio que ampara a las entidades que lo componen resulta
"inadecuado" para la función que desempeñan en la sociedad y sus retos.
En este sentido, según indica, "se necesita un nuevo marco legislativo
más acorde con la realidad y la evolución que el sector ha tenido en los
últimos años".
Otra de las
demandas que realiza es la creación de mecanismos adecuados de
interlocución y de diálogo civil. "Es necesario crear las bases para que
en nuestra sociedad se desarrolle el diálogo civil, que va más allá que
el diálogo social, dado que ha de ser el espacio en donde se favorece
la participación y la consulta de la ciudadanía en los temas clave sobre
el desarrollo de la sociedad y la gestión de asuntos públicos", indica.
Por otra parte,
propone el desarrollo de un sistema de financiación "más justo, adecuado
y sostenible", ya que el entorno de financiación en el que se mueve el
sector es "claramente precario y se está deteriorando en las actuales
circunstancias económicas".
Por ello, el
Tercer Sector de Acción Social necesita conseguir un nuevo marco de
financiación que avance en: la aprobación de una Ley de Subvenciones
específica para el Tercer Sector; realizar aquellas modificaciones
normativas necesarias que eviten que el sector esté en desventaja
competitiva; encontrar un marco de financiación "más estable",
potenciando los sistemas de convenio y programas marco de duración
plurianual para aquellas actividades que realiza el sector; o la
aprobación y aplicación de un plan de contratación socialmente
responsable de las Administraciones Públicas.
Asimismo, también
hace referencia al avance en la identificación de fórmulas adecuadas de
acceso al crédito; el establecimiento de una base "estable y
suficiente" para la financiación de programas de acción social; el
incremento del porcentaje hasta alcanzar el 1% de la cuota de los
contribuyentes en el IRPF; o en equiparar los incentivos fiscales y
elevarlas hasta el 50%.
Por último,
destaca cómo este nuevo marco de financiación influiría también en el
fortalecimiento de las estructuras representativas del Tercer Sector; el
apoyo al desarrollo de programas para la incorporación de procesos de
mejora continua, calidad, eficacia y la "máxima" transparencia
financiera y de gestión; y en potenciar el papel de las entidades no
lucrativas de iniciativa social en la gestión de servicios y
prestaciones a las personas con discapacidad.
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