| Logroño, 1 jul (EFE).- El CERMI ha informado hoy, en un comunicado, que fomentará, en
colaboración con sus Comités autonómicos, la colaboración con otras
entidades del tercer sector para elaborar una propuesta de Ley,
dirigida a promover, proteger y regular este sector, con vistas a la
legislatura 2012-2016.
La crisis económica obliga al CERMI a reflexionar sobre el modelo
de sostenibilidad financiera del tercer sector de la discapacidad y
a estudiar sus fuentes de financiación, entre las que propone
"nuevas alianzas entre lo público y lo privado y nuevos espacios de
colaboración y cooperación".
Las conclusiones de esta Conferencia también indican la "buena"
disposición del Gobierno riojano hacia la discapacidad al
convertirla en uno de los ejes de su política y dar participación a
la sociedad civil.
El análisis de las entidades del tercer sector de la discapacidad
muestra, ha añadido el CERMI, "el agotamiento relativo del modelo
convencional de desarrollo asociativo", centrado en las prestaciones
sociales y la provisión de servicios, que debería evolucionar hacia
un modelo mixto, basado en las ideas de igualdad integral e
inserción sociolaboral.
Las entidades del tercer sector deben repensar su identidad;
diversificar las fuentes de financiación, reduciendo la dependencia
de la financiación pública; buscar un estatuto de colaboración entre
los poderes públicos y las entidades que permita una estabilidad a
largo plazo; y lograr una mayor implicación de usuarios y familias.
Además, deben consolidar la financiación por parte la sociedad
civil, a través de las empresas privadas y las obras sociales;
trabajar en las economías de escala y ampliar y consolidar la
financiación proveniente de proyectos europeos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación.
Todas las entidades presentes en la Conferencia han coincidido en
las carencias "importantes" que hay en el sistema actual, como la
falta de transparencia y estabilidad y los problemas "graves" de
tesorería en el sistema de subvenciones y la falta de las cláusulas
sociales en los contratos públicos.
También echan en falta la dificultad para competir con las
empresas, el poco desarrollo de la Responsabilidad Social
Empresarial en muchos casos, la dificultad para recibir donaciones,
las barreras para acceder al crédito público (ICO) y privado la
falta de instrumentos financieros adaptados a las necesidades del
tercer sector y la falta de profesionalización en el sector.
Potenciar alianzas entre entidades del tercer sector no
lucrativas y apostar por la sensibilización ciudadana y por el
intercambio de experiencia y buenas prácticas son otras de las
conclusiones alcanzadas.
Los convenios suscritos entre las entidades del tercer sector y
la administración pueden y deben mantenerse, según el CERMI, que
aboga por instar a las administraciones a favorecer las
contrataciones con las entidades del tercer sector social de la
discapacidad.
También consideran necesario "avanzar en la transversalidad del
género en las políticas de discapacidad y en la discapacidad en las
políticas de género", para que el tercer sector de la discapacidad
se beneficie de las fuentes de financiación disponibles para las
acciones y programas sobre la mujer.
La superación de la actual crisis económica, según el CERMI, "no
puede pasar por la salida fácil de recortar o suprimir los derechos
y prestaciones de carácter social ni deben reducirse las dotaciones
presupuestarias destinadas a la discapacidad". EFE
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