El senador Ruperto Long, promotor de la iniciativa legislativa

La ley es esperada con expectativa por privados que han dejado de tomar voluntarios ante una andanada de juicios. Se trata del complemento a una ley de 2005, que regula el voluntariado en el Estado. El nuevo proyecto -que la comisión de Población del Senado terminaría de votar esta semana- faculta al Ejecutivo a exonerar de aportes a los que toman voluntarios. Y obliga al Ministerio de Trabajo a controlar el cumplimiento de la ley y registrar a todo aquel que ejerza el voluntariado por más de dos meses.

Pero también se busca evitar que el voluntariado esconda trabajo en negro: el proyecto -que luego pasa a Diputados- impide utilizar el voluntariado como "política general de sustitución" de empleos formales.

"Hay miles de personas que trabajan en tareas voluntarias en organizaciones sociales, colegios o iglesias. Y todo eso no está regulado, por lo que se producen problemas por malos entendidos o voluntades de entender mal", dijo a El País el senador Ruperto Long, autor de la iniciativa, que luego fue re-tocada por todos los partidos. Y explicó: "Quien es voluntario luego puede decir que se habían comprometido con él a pagarle determinado dinero".

La especulación del senador es confirmada por Eugenia Puglia, representante de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (Anong): "Al crearse un marco legal para la actividad pública, se incrementaron los juicios laborales de gente que supuestamente actuaba como voluntarios o con carácter de buena voluntad, reclamando indemnizaciones contra organizaciones de la sociedad civil".

Cuando concurrió a la comisión, Puglia aseguró que -desde las organizaciones civiles "más pobres" hasta las más grandes-, todas recibieron juicios "porque no existían contratos que dejaran en claro que es una actividad ejercida de buena voluntad". Eso llevó a muchas organizaciones a no tomar más voluntarios hasta que no exista un marco legal, indicó Puglia.

CONTRATOS. El proyecto fija derechos y obligaciones de los voluntarios, y obliga a formalizar por escrito un acuerdo de compromiso de colaboración entre las dos partes. Se trata de un contrato sin cargo.

Entre otros derechos para los voluntarios, se obliga a las organizaciones a cubrir con un seguro de accidente laboral a todo voluntario que se contrate. Se discute aún si eso será en todos los casos o sólo en los casos donde la persona esté sometida a un riesgo. El Banco de Seguros instrumentaría una línea con carácter promocional.

Además, la institución debe dar identificaciones que acrediten la condición de voluntario: "A veces hacen una labor excelente, pero no les dan reconocimiento por temor a que genere una obligación legal, con el BPS o el Ministerio de Trabajo".

El Ministerio de Desarrollo Social respalda la ley, pero la directora de Desarrollo Ciudadano Mariela Mazzotti, llamó la atención por la facultad otorgada al Ejecutivo para exonerar tributos cuando "la reforma tributaria ha planteado toda una legislación en torno a las exoneraciones". Mazzotti reclamó "coherencia" y Long explicó que ese artículo "deja abierta una puerta" para un mecanismo tributario "de excepción", que sólo podrá ser decidido por el Ejecutivo de turno.

En tanto, el padre Marcelo Fontona de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec), que reúne a 175 colegios y 120 organizaciones no gubernamentales, opinó que la formalización del voluntariado "es necesaria". Pero puso límites: "Estas experiencias nacen de forma voluntaria, con personas que quieren colaborar. La formalización es posterior. Que ese proceso sea ágil depende del tamaño de las instituciones y de la fuerza de los vecinos".

Las cifras

No hay estudios certeros, pero sí algunas pistas que cuantifican el fenómeno. En 1998 una encuesta de Cifra mostró un grado de involucramiento bajo: siete de cada cien personas trabajaban como voluntarios. En 2001, una encuesta de Factum duplica la labor: el 14% de la población realizaba tareas de ese tipo. Un estudio del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) indica que en 1994 había un promedio de 14 voluntarios por ONG, pero en 2000 el promedio ascendía a 26 voluntarios por ONG. En cambio, en 2007 había 17 voluntarios por organización.

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